La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó, este martes 17 de septiembre, un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que documenta la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A través del informe, la Misión denunció la persecución política sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro y señaló que más de 2.000 personas fueron detenidas tras las protestas en rechazo a los resultados electorales.
Asimismo, la Misión puso en manifiesto las torturas físicas y psicológicas por motivos políticos hacia los detenidos.
Entre los métodos documentados se encuentran golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación del sueño mediante iluminación constante y música a alto volumen. Estos procedimientos coinciden con prácticas anteriormente atribuidas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y los servicios de inteligencia venezolanos.
Mencionaron a John Álvarez
Uno de los casos mencionados es el de John Álvarez, un estudiante universitario detenido en 2023 y excarcelado el mismo año, quien fue sometido a torturas, según sus denuncias.
La Misión aseguró en el informe que estos actos de tortura fueron utilizados para obtener confesiones forzadas y grabaciones en las que los detenidos se responsabilizaban de las protestas o señalaban a actores políticos como culpables.
Condiciones inhumanas en las cárceles
Además de las torturas, el informe describe las deplorables condiciones de reclusión en centros penitenciarios como El Rodeo I y Yare III, donde los detenidos enfrentan aislamiento, falta de alimentos y agua adecuados, y restricciones arbitrarias de visitas.
Estas condiciones, según el informe, constituyen formas de trato cruel, inhumano y degradante.
¿Acusaciones para justificar la “represión”?
La Misión también afirmó que el Gobierno acusa de terrorismo y otros delitos graves, como traición a la patria y conspiración, para justificar la “represión”.
Asimismo, habló sobre las violaciones sistemáticas al debido proceso en tribunales especiales de terrorismo, que se han encargado de la mayoría de los casos contra opositores políticos y participantes en las protestas.
Lo mencionado anteriormente, según dijo la Misión, corresponden a crímenes de lesa humanidad, que se comenten por “perseguir” a quienes critican o se oponen al Gobierno, incluyendo grupos vulnerables y protegidos como niños, niñas y adolescente y personas con discapacidad.
Fuente: Radio Fe y Alegria Noticias