Más de 1.500 personas ya han sido arrestadas, entre líderes de la oposición, activistas de derechos humanos, abogados, periodistas y gente al azar en las calles, menos de un mes después de las elecciones.
La mañana del miércoles 7 de agosto, el exdiputado Américo de Grazia envió un mensaje a su hija María Andreina, de 30 años, informándole que iba a un hospital de Caracas. Su infección pulmonar había empeorado y no se sentía bien. Esta fue la última vez que la venezolana habló con su padre. La siguiente noticia vino de los carceleros del Helicoide , el centro de tortura para presos políticos más grande de Venezuela , quienes confirmaron que Américo estaba detenido allí.
Desde entonces, los hijos del opositor, que viven fuera de Venezuela, desconocen su estado de salud y mucho menos el proceso judicial en su contra. “No sabemos siquiera si llegó al médico. Ni siquiera sabemos si está vivo”, dijo María Andreina en una videollamada el 14 de agosto con Estado durante un receso de su agenda laboral en Houston, Estados Unidos .
“Más de una semana después y todavía no tenemos información. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros oficialmente. Evidentemente tenemos contacto con nuestros abogados, pero no hemos podido abrir un caso formal, ni una denuncia ni mucho menos un caso de defensa porque no sabemos de qué lo estamos defendiendo”, continúa.
Una represión que, según Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratório de Paz que ayuda a activistas de derechos humanos en situación de riesgo, sólo es comparable al Caracazo de 1989 en el que murieron unas 300 personas durante los levantamientos contra el paquete económico del entonces presidente Carlos Andrés. Pérez.
“En estos momentos el gobierno está promoviendo un sistema de terror a través de sus medios de comunicación y redes sociales para que la población permanezca en sus casas, deje de compartir información, de participar en protestas, pero, sobre todo, deje de exigir el ejercicio de sus derechos”,. dice Uzcátegui.
El chavismo da cifras aún más dramáticas: más de 2.400 según Nicolás Maduro . El Tribunal Penal, sin embargo, sólo cuenta los casos en los que puede probar que efectivamente se encuentran en prisión. Un trabajo que ha requerido un grupo de trabajo por parte de la organización, dice Himiob.
“Estamos trabajando junto con otras ONG porque, verdaderamente, la intensidad de esta escalada represiva no tiene precedentes y nos está costando mucho”. Mientras el Foro Penal se ocupa de los presos, otras organizaciones, como Provea y Monitor de Víctimas, contabilizan muertes, lesiones y otros casos de abusos a los derechos humanos.
Sin acceso a la defensa
Uzcátegui relata que se ha vuelto cada vez más difícil obtener información porque han surgido denuncias de personas detenidas cuando van a buscar a sus familiares a las puertas del penal. Por eso, organizaciones están aportando abogados para realizar esta búsqueda, pero se han dado casos de abogados detenidos, como Kennedy Tejeda del Foro Penal.
Al igual que Américo, a todos los arrestados en las últimas semanas no se les ha revelado su ubicación, lo que obligó a las familias y organizaciones a buscar por su cuenta. También se sabe poco sobre las acusaciones formuladas contra estas personas. Sólo se sabe que muchos están cubiertos por la ley contra el terrorismo y el odio del país.
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“Primero se les niega el derecho a un abogado privado y se les impone una defensa pública. Luego, estas personas están siendo sometidas a audiencias de custodia, que deben realizarse en un plazo de 48 horas ante un tribunal formal, que se está llevando a cabo en el mismo lugar donde están detenidas las personas”, denuncia Uzcátegui, informe que apoya el Foro. Penal y Provea.
“Además esta audiencia se está dando a través de una plataforma como en la que estamos hablando, a través de una videollamada. El juez conecta y del otro lado de la pantalla están todas las personas que están detenidas en ese momento, y todas están acusadas de los mismos delitos”, añade.
Arrestos aleatorios
Los arrestos no se limitan a políticos o activistas involucrados con la oposición. Están apareciendo informes de personas arrestadas al azar en las calles o en sus hogares. Algunos con la justificación de estar muy cerca de sitios de manifestación de la oposición. Para otros, sin embargo, no hay explicación. Entre los detenidos se encuentran muchos adolescentes y personas con discapacidad, informan las ONG.
En las redes sociales de Foro Penal, la venezolana Carmem Morillo denunció que su hija Victoria, de 16 años, había salido a caminar con sus primos el 29 de julio, el día después de las elecciones, cuando fue detenida y trasladada a un centro de detención para menores. «No la había visto hasta ahora», dijo.
“Una chica con muchos sueños, estudiante de música en la orquesta sinfónica, le gusta tocar la guitarra, su gran pasión. Quiere estudiar en un conservatorio de música porque esa es su pasión, le gusta componer canciones. Es una chica muy noble, empática y humanitaria. Quería que volviera a casa”, dice emocionada. Según Himiob, la persona más joven detenida tiene 13 años y muchos de los adolescentes están siendo arrestados y juzgados como adultos.